En la reunión realizada entre la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos –Cidh-, asociaciones civiles y las víctimas de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad por parte del Estado venezolano, la mayoría de los afectados manifestaron que sus casos estaban impunes, por lo que exigen que exista justicia en Venezuela.
Erick Roa, padre de Kluibert Roa, asesinado en abril del año 2014 por un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana, quien le disparó perdigones en la cabeza mientras observaba una manifestación de estudiantes de la Universidad Católica del Táchira, manifestó que, aunque el funcionario fue sentenciado a 18 años y 6 meses de prisión y se encuentra en la cárcel de Coro, siguen impunes otros 11 policías que actuaron en el homicidio, a pesar de estar identificados.
A cada rato cambian a los fiscales, cuando vamos a la fiscalía 20 que le corresponde el caso de mi hijo, siempre hay un fiscal nuevo. Obviamente ellos desconocen la causa y entonces vuelven a enviar los documentos a Caracas y cuando los devuelven hay cambios de fiscal. Entonces no han hecho nada. Queremos que se haga justicia de verdad, de corazón, en todo el territorio venezolano. En el caso de mi hijo no voy a descansar”, expresó Roa.
Considera que a través de la presión internacional se puede lograr que exista justicia en Venezuela con los asesinatos de jóvenes en protestas, casos de tortura y muertes por falta de alimentos y medicinas.
Por su parte Alexander Alviarez, padre de Luis José Alviarez Chacón, asesinado el 15 de mayo de 2017 durante una manifestación en la localidad de Palmira, municipio Guásimos del estado Táchira, por un efectivo de la Policía Nacional Bolivariana, indicó que, aunque existen dos detenidos el funcionario que le disparó en el pecho está en libertad.
“A la Corte Interamericana le pedí justicia. El que disparó fue Wilfredo Casanova, el comandante para ese momento de la prefectura de Palmira y está libre, acotó Alviarez.
Otras agresiones
Las víctimas de los desplazamientos forzosos durante el cierre de frontera entre Colombia y Venezuela en agosto de 2015 también asistieron al encuentro. Carmensa Salcedo, vivía en el sector La Invasión en San Antonio, municipio Bolívar del estado Táchira, junto a sus dos hijas fue sacada a la fuerza de su vivienda por funcionarios de la Guardia Nacional, de donde no pudo sacar ni una muda de ropa.
Denunció que fueron trasladadas a una cancha mientras eran deportadas, allí fueron golpeadas por los funcionarios, además de que no tuvieron acceso a alimentos, ni agua. “Nos dejaron los guardias a pleno sol, sin agua, sin medicinas. Estábamos con lo que teníamos puesto, perdí todo lo que tenía, mi casa, mi negocio, vendía animalitos y también los perdí. Pido a la Cidh que exijan al gobierno venezolano que nos devuelva lo que perdimos”, dijo Salcedo.
Hospital de Mérida tiene cuatro años sin realizar trasplantes renales
Ante la Comisión, Estrella Uzcátegui, médico cirujano del Hospital Universitario de Los Andes ubicado en el estado Mérida, denunció la situación en que se encuentra este centro asistencial y las deficiencias en materia de atención médica que existen en toda Venezuela.
“Es el hospital más importante de la región centro occidental del país. Éramos el tercer estado que hacía trasplantes renales en Venezuela. A nivel nacional vamos a cumplir cuatro años sin ningún trasplante renal, todos los pacientes con insuficiencia están condenados a estar conectados a una máquina porque el Estado no les ofrece la posibilidad de un trasplante, ni de hacerse diálisis. Trabajo en un área de emergencia donde veo morir pacientes recuperables, es inadmisible que en un hospital universitario un paciente con una simple apendicitis fallezca porque no hay recursos para atenderlo”, relató.
Con información de El Pitazo