La organización no gubernamental Provea alerta que la tortura y las desapariciones forzadas son prácticas cada vez más comunes en Venezuela. Demostrado ahora con el asesinato del Capitán de Corbeta, Rafael Acosta Arévalo, cuando se encontraba bajo la custodia de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
En un comunicado aseguraron que de los 100 casos de tortura registrados durante 2018, 75 fueron cometidos por agente de la Dgcim. “Fue por lo tanto el organismo que más torturó en 2018 y desde 2017 se vienen incrementado las denuncias contra ese organismo policial tanto por prácticas de tortura como por desaparición forzada de personas”.
También los informes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas tiene registro de que los casos más graves se produjeron en los locales del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y la Dgcim en Caracas y en los destacamentos y otras instalaciones de la Guardia Nacional “lo que también sugiere la existencia de un patrón de comportamiento de estas fuerzas”.
Provea critica, en el caso del Capitán Acosta Arévalo, que el régimen de Nicolás Maduro emitiera un comunicado “dirigido esencialmente a deshumanizar a la víctima, enmarcando los hechos en un contexto de “enemigos de la Constitución y la paz” y diciendo que la víctima estaba imputada “por graves actos de terrorismo, sedición y magnicidio en grado de frustración”.
Otro aspecto que resalta la ONG es el silencio de la Defensoría del Pueblo, designado por la ANC, “¿Podría esa omisión recurrente y sistemática, de una institución con un deber constitucional de proteger, llegar a ser considerada en el futuro como una omisión dolosa por parte de la Corte Penal Internacional?”, se preguntan.
Sobre el fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab, constaron que solo se pronunció luego de que Nicolás Maduro diera la orden de investigar. “Pese a que de oficio podía iniciar las investigaciones solo actuó cuando su jefe le dio la orden demostrándose la manera como el Ministerio Público fue convertido en un instrumento al servicio de quienes detentan de hecho el poder y no al servicio de los derechos de la población, la verdad y la justicia”.
Es por esto que Provea considera que ni la Defensoría del Pueblo o la Fiscalía General son instituciones confiables para adelantar investigaciones sobre el asesinato de Acosta Arévalo. Exhortan al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a crear una Comisión Internacional integrada por expertos independientes que investigue “las graves las graves violaciones de derechos humanos que ocurren en Venezuela y como actividad inmediata el asesinato del Capitán Rafael Acosta”.