El aumento compulsivo del salario mínimo conjuntamente con el valor del bono para alimentación de los trabajadores, decretado por Nicolás Maduro el último día del año pasado, no ha alegrado a nadie, porque ahogados por la hiperinflación, ese incremento no servirá de nada para la adquisición de alimentos, que es lo único que se está comprando con los pocos ingresos que tiene la masa laboral.
A esta conclusión han llegado representantes de los comerciantes, productores y trabajadores consultados por El Impulso.
El jefe del Ejecutivo nacional subió el salario mínimo de 177.507 bolívares en un cuarenta por ciento, para situarlo en 248.510. Al mismo tiempo elevó el bono alimentario de 279.000 a 549.000, para ubicar el llamado salario mínimo integral en 797.510 bolívares.
Es de recordar que este es el sexto aumento del salario mínimo integral en el último año.
Estos incrementos comenzaron el 8 de enero cuando Maduro anunció con efecto retroactivo al primer día del mes y del año que el salario mínimo integral, que hasta entonces era de 90.811 bolívares, lo había ampliado a 104.348 bolívares discriminado en 40.638,15 bolívares como sueldo y 63.720 bolívares por concepto de bono para alimentación.
Después se sucedieron los aumentos del primero de mayo, 1 de julio, 1 de septiembre y 1 de noviembre, todos los cuales han sido objeto de críticas y rechazo porque ninguno de esos montos que han sido elevado han podido alcanzar la inflación, porque la velocidad de esta cada vez es más rauda y, en consecuencia, el poder adquisitivo se ha evaporado.
Más cierres de negocios
Gravísimo es lo que está sucediendo, dijo Rita Betancourt, presidenta de la Cámara de Comercio del estado Lara, al referirse al último decreto de aumento salarial.
Cada vez que se eleva el sueldo de los trabajadores, estos se sienten muy contentos porque consideran que su calidad de vida también mejora; pero, en nuestro país, esa medida lo que trae como consecuencia es más inflación, lo cual significa que de nada le sirve.
Los comerciantes, por su parte, recibieron este diciembre el acoso de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, mejor conocida como Sundde, que sin realizar ningún estudio, evaluación o análisis de las adquisiciones hechas por el gremio comercial, procedió de un tajo a reducir en el 50% el valor de toda la mercancía que estaba al alcance de los consumidores.
De inmediato, los comerciantes no sólo experimentaron en carne propia la pérdida económica de sus inversiones, sino el malestar que había originado ese organismo en la sociedad, ya que se le achaca a los dueños de los establecimientos la culpa de la inflación cuando esta es generada precisamente por la aplicación de las malas políticas del Ejecutivo nacional, por cuanto no hay producción suficiente en el país y se requiere de importaciones para atender la demanda de los consumidores. Y es de todos conocidos que no hay dólares en el comercio, sino que los mismos están en poder del Estado.
Con la decisión tomada por el Sudde, ahora los comerciantes no tienen dinero para poder reponer sus inventarios y, en consecuencia, han quedado a la deriva.
El Ejecutivo no le importa que el comerciante es el primero que paga impuestos, el primero que se ciñe a las disposiciones gubernamentales y el primero en recibir los coletazos de la inflación desmedida que se ha venido registrando en el país. Definitivamente, no es tomado en cuenta.
Ahora bien, las consecuencias que se están produciendo son preocupante, porque al comerciante tener pérdidas y encontrarse sin posibilidades de recuperarse, no le queda otra salida que cerrar su establecimiento o reducir su nómina de personal, porque no va a disponer de ingresos para pagar los incrementos salariales y de bonificación alimentaria.
Importante es destacar esta situación porque Barquisimeto ha estado considerada como una de las principales plazas comerciales del país y, gracias a esa condición, ha generado empleo permanente a miles de personas.
Si ha habido cierre de empresas industriales por la crisis económica, las políticas mal llevadas por organismos de la administración pública contra el comercio no sólo afectan a este sector, sino a la propia ciudad y a su gente, especialmente a los trabajadores, ya que se está ensanchando el ámbito de la economía informal, que no produce desarrollo alguno, sino que es el escape que tienen las personas para sobrevivir en las calles.
Pérdida del poder adquisitivo
Froilán Barrios, especialista en relaciones industriales y docente de la Universidad Católica Andrés Bello, considera que este sexto aumento de salario en solamente un año constituye un récord mundial por parte de un jefe de Gobierno y, de hecho, un caso insólito en el aspecto laboral.
Pero, hay que observar que esos incrementos, en primer lugar, no han generado poder adquisitivo, que debe ser el objetivo de cualquier incremento en el salario. Además, ha profundizado la miseria en el país porque los trabajadores no pueden satisfacer las necesidades de sus familiares.
En segundo lugar, Maduro se ha convertido en más flexibilidador del salario, porque este llega a 797.510 bolívares; pero, realmente es de 248.510, ya que el resto es el bono para alimentación. Este beneficio no tiene validez alguna para el pago de vacaciones, utilidades o aguinaldos, ni para cualquier otro tipo de bien que surja del salario total. Es por ello que los trabajadores del país se sintieron frustrados el pasado año cuando les dieron la bonificación de navidad, ya que lo percibido fue muy poco porque el salario establecido fue de 177 mil 507 bolívares.
Cuando apenas el 31 por ciento de lo percibido es salario, se ha producido una flexibilización salarial, que no es otra cosa que una medida neoliberal.
Este régimen ha venido pregonando que lucha contra el neoliberalismo y defender el salario de los trabajadores; pero, es todo lo contrario, ya que la política adoptada por el gobierno atenta contra la clase trabajadora de Venezuela, que cada día se empobrece más y ya está llegando a los niveles de la miseria.
El Centro de Documentación y Análisis de los Trabajadores (Cenda) ha determinado que la canasta básica de bienes y servicios requiere de un monto de 14 millones de bolívares.
Esto quiere decir que para que una familia de cinco personas necesita más de 20 salarios mínimos. Si el índice inflacionario está por encima de 2 mil por ciento al cierre del 2017, los pronósticos indican que este año superará el 3000 por ciento. Lo que nos espera es más hambre y calamidades.
Vendrán más protestas
El año recién pasado fue conmovedor porque se registraron saqueos en Ciudad Bolívar, El Tigre, Caucagua, Maracaibo, Anzoátegui y otras regiones del país, dijo Juan Infante, dirigente agrario de Copei. Incluso, se dieron casos alarmantes como el de un saqueo de una camión lleno de arroz en momentos en que unos bomberos sofocoban un incendio.
El último día de diciembre, un guardia nacional disparó un arma de fuego y mató a una joven de 18 años, embarazada de cinco meses, durante una protesta en una venta de perniles en El Junquito.
Todos estos y otros hechos demuestran que el hambre ha llegado para quedarse en Venezuela, cuyo régimen ha venido alardeando de que tenemos todo para ser una potencia; pero, tal característica es denigrante cuando se asocia a la falta de alimentos y medicinas, ya que la gente está muriendo de mengua en los hospitales y de desnutrición.
El aumento salarial decretado precisamente el 31 de diciembre no va a resolverle el problema a los trabajadores del medio urbano y mucho menos a los del medio rural, porque la inflación que ha llegado a su máxima expresión con la hiperinflación declarada hace dos meses, nos está llevando a la desesperación.
Si se han registrado saqueos porque el hambre se ha enseñoreado en todos los estados del país, la culpa es del régimen, ya que éste desde que comenzó sus políticas erradas -apropiación de fincas y agroindustrias, qie hoy están improductivas- y le otorgó facultades a los militares para que se ocuparan de la distribución de los alimentos importados con dólar preferencial, la situación empeora cada día.
No sólo se ha dejado de producir los rubros que cubrían la demanda de la población, sino que el régimen además acabó con la principal empresa suplidora de los insumos para los agricultores, como era Agroisleña. Y la sustituyó por un parapeto que nunca ha dado resultados.
Es por ello que hoy día estamos pasando las peores calamidades, ya que las bolsas o cajas de Clap no llegan a la población, por cuanto no existe el dinero que se necesita para importar los productos y, por otra parte, la distribución se hace cada mes. Nadie en su sano juicio puede entender que la gente pueda alimentarse a voluntad de un gobierno corrupto, arbitrario y agresivo, enfatizó Infante.
Actualización inmediata de precios
Luego del anuncio presidencial sobre el aumento de salario mínimo y bono de alimentación para los trabajadores, desde este martes 2 de enero, los comerciantes y prestadores de servicio actualizaban sus precios.
El director de la Cámara de Comercio, Juan Pablo Pérez, explica que el ajuste es casi de obligatoriedad para proteger sus inventarios, pues el costo de la reposición de la mercancía o gastos operativos, también incrementará.
-Las empresas, comerciales e industriales que permanecen abiertas lo han logrado con mucho sacrificio, pero mantener el inventario y la nómina no es tarea fácil. Eso tiene un límite y en algún momento no lo podrán soportar.
Recordó que aunque la ley prohíbe el “recorte” de personal, las empresas han optado por vías alternativas para prescindir de sus trabajadores. La primera es por medio de un acuerdo con el trabajador (retribución monetaria) y la segunda, a través de la Inspectoría del Trabajo, para demostrar que económicamente el trabajador es improductivo para la empresa y no puede soportar ese gasto social.
Publicado por El Impulso
04/01/2018