La Unidad de Acción Sindical y Gremial rechazó las decisiones de la Sala Constitucional del Poder Judicial y llamó a la población a sumarse a las protestas
La Unidad de Acción Sindical y Gremial, que agrupa a más de una veintena de organizaciones nacionales, manifestó su rechazo a las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia por considerar que constituyen el definitivo desconocimiento de la Constitución y la imposición de un gobierno al margen del Estado de Derecho.
“Rechazamos el golpe de Estado consumado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que siguiendo instrucciones del presidente de la República, decidió desconocer la soberanía popular, cuyo órgano legítimo elegido el 6 de diciembre de 2015 es la Asamblea Nacional”, dice el comunicado leído por Víctor Márquez, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela.
El texto afirma que con las dos sentencias el TSJ se autoproclamó dueño absoluto del poder del Estado. “En otras palabras: un grupo de señores designados a dedo por el partido de gobierno, del cual son seguidores incondicionales, pretenden decidir el presente y el futuro del pueblo venezolano”.
La UASG exigió a los representantes del Parlamento ponerse al frente de su propia defensa y convocar a la sociedad civil y organizaciones para que contribuyan al restablecimiento de la vigencia de la Constitución.
Además, exhortó a la Organización de Estados Americanos y a la comunidad internacional a aumentar la presión sobre el gobierno para que se restablezcan los principios y valores democráticos.
Exhortó, a su vez, al movimiento sindical internacional, en particular en Latinoamérica, para que rechace el golpe de Estado judicial que se ejecutó en Venezuela y se solidaricen con los trabajadores y sus organizaciones.
En el comunicado también hace un llamado a sus agremiados a prepararse para una resistencia cívica y sostenida. “Es hora de entender que en dictadura el único derecho que prevalece es la voluntad del dictador. Todos los demás derechos desaparecen. No hay instancia a la cual recurrir, pues todas han sido coaptadas por el régimen”, agregó.
Protestaron. Ayer al mediodía representantes de la UASG decidieron salir a la calle a protestar en contra de las sentencias del TSJ. Con pitos, pancartas y altavoces se concentraron frente a la parroquia de la UCV para llamar a la población a rechazar las decisiones y a presionar para que se restituya el Estado de Derecho.
Marcela Máspero, coordinadora de la Unión Nacional de Trabajadores, miembro de la UASG, aseguró que otro de los motivos de la protesta era el rechazo a la agresión y detención de los estudiantes que se llevaron del TSJ. “Exigimos la liberación inmediata de los estudiantes, así como la del profesor Santiago Guevara, detenido desde hace casi un mes”.
Máspero pidió a los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y de la Guardia Nacional Bolivariana respetar el derecho de los ciudadanos a protestar. “Hacemos un llamado a los militares, que son padres y madres, que sufren esta situación, para que no repriman a quienes estamos ejerciendo nuestro derecho a la protesta pacífica y democrática”.
El profesor Márquez también condenó las agresiones y detenciones a los estudiantes. “Nos preocupan mucho los hechos de violencia que han ocurrido. No vamos a permitir que el movimiento estudiantil, por hacer una protesta pacífica que está establecida en la Constitución, sea violentado”.
Agregó que si los jóvenes no son liberados de manera inmediata, el lunes se incrementará el conflicto en las universidades. Para ese día está convocada una asamblea en la UCV en la que se discutirán las próximas medidas por tomar, además de seguir discutiendo las contrataciones colectivas.
Los representantes de la UASG se refirieron a las declaraciones que emitió ayer la fiscal general de la República, Luisa Ortega, en contra de las sentencias del TSJ.
“La declaración de la fiscal es un hecho (sumamente) significativo, no se le puede acusar de ser un acto opositor, ella está confirmando lo que toda la sociedad ha estado diciendo: que con estas decisiones se rompió el hilo constitucional”, dijo Márquez.
Máspero agregó que es necesario que otros representantes de los poderes manifiesten su repudio a las sentencias. “Es importante que la fiscal, garante de derechos ciudadanos, se haya desmarcado de esas sentencias. Esperamos que se pronuncie el resto de los magistrados y la Defensoría del Pueblo”.
Fuente: El Nacional
Fecha: 1 de abril de 2017