Según el observatorio, el plan de vacunación es inexistente para las universidades tradicionales donde al gobierno les ha costado hacerse con el control.
El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ULA) advirtió este lunes 13 de septiembre que las casas de estudios superiores del país no están en condiciones para volver a las clases presenciales como lo ordenó el gobernante venezolano Nicolás Maduro.
En este sentido, señalaron que para garantizar los derechos educativos de los estudiantes y los derechos laborales de profesores y trabajadores universitarios del sector público, el Estado debe asegurar, al menos las condiciones adecuadas de infraestructura (para el desarrollo de actividades académicas), servicios básicos, implementos de estudio, transporte, atención médica, seguridad y salarios justos.
“Estas condiciones, indispensables para el reinicio de clases presenciales, se podrían cumplir con presupuestos acordes, que en el caso de Venezuela no lo son desde hace al menos 16 años, cuando el gobierno de Hugo Chávez comenzó a reducir partidas presupuestarias al sector universitario”, señalaron.
Según la organización entre marzo de 2020 y agosto de 2021 se registraron 347 incidentes de inseguridad en 16 universidades públicas del país, entre los que se encuentran robos, hurtos, invasiones y otros actos de vandalismo. Además de la falta de mantenimiento de espacios, la cual ha causado el progresivo deterioro y la inhabilitación de algunos por no ser aptos para la salud humana.
“El desmantelamiento de las universidades públicas del país ha implicado la disminución de implementos de estudio básicos para el desarrollo de clases teóricas y prácticas, los cuales no han podido reponerse por falta de presupuesto. Laboratorios, bibliotecas, auditorios y aulas de clase que se mantienen habilitados no cuentan con los recursos materiales mínimos necesarios para profesores y estudiantes. Antes de la pandemia ya eran insuficientes y debían ser adquiridos o donados por la propia comunidad universitaria”, indicaron.
Asimismo, la ONG denunció que desde el 2005, el gobierno nacional viene implementando recortes presupuestarios a las universidades del país. Los recortes han incidido en el desmejoramiento de las condiciones del servicio universitario, reseñó el portal web Radio Fe y Alegría.
Además, los servicios básicos de agua, luz y telecomunicaciones también fallan constantemente por falta de pago o por su deficiencia. “Solo en la Universidad de Carabobo (UC), en ninguna de las facultades de su Núcleo central hay servicio de agua desde hace cuatro años. En la ULA, la mayoría de los baños están deteriorados por robo de piezas, situación que se repite en todas las universidades autónomas”.
Igualmente, se refirieron al servicio de transporte como limitante para el inicio de las actividades de forma presencial. “El transporte tampoco está garantizado para que estudiantes, profesores y trabajadores se trasladen a las universidades para asistir a clases presenciales (…) Las rutas estudiantiles están casi extintas por el mal estado de las pocas unidades de transporte que siguen en funcionamiento (…) No hay presupuesto para repuestos ni el régimen ha informado cómo sería el abastecimiento de combustible a las mismas en el contexto de la escasez de gasolina y gasoil que hay en el país”.
Aseguraron que las rutas de transporte público también son “limitadas” a lo que agregaron que el costo del pasaje “es inaccesible para alumnos, docentes y trabajadores, debido a la precariedad de las becas estudiantiles y de los sueldos universitarios”.
De la misma manera, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes sostuvo que la vacunación no es garantía para el regreso a clases, a lo que agregaron que dicho plan de inmunización «comenzó tardíamente» en las casas de estudio autónomas «paralelas controladas por el gobierno»
Según el observatorio, el plan de vacunación es inexistente para las universidades tradicionales donde al gobierno les ha costado hacerse con el control. «Las medidas sanitarias no son las únicas condiciones», sostienen.
Por lo pronto, la Universidad de Oriente (UDO) no volverá a los salones pese al llamado del Gobierno. Según las autoridades universitarias no hay condiciones para aplicar la medida.
La rectora de la UDO, profesora Milena Bravo, publicó un comunicado en el que aseguró que las clases seguirán a distancia. El Consejo Universitario se reunió el 10 de septiembre y resolvió no llamar a clases presenciales.
Con información de Tal Cual