Durante el evento, denominado “Financiamiento de la Universidad en tiempos de crisis”, reunió a personalidades de las universidades Central de Venezuela (UCV), Simón Bolívar (USB) y Monteávila (UMA), además de la UCAB, quienes expusieron los retos que enfrentan en medio de una crisis social y económica sin precedentes.
La UCV vive al límite
Amalio Belmonte, secretario general de la UCV, señaló que el Ministerio de Educación Universitaria solo aprobó 9,8 % del presupuesto que presentaron ante ese despacho para cubrir los gastos del año que viene.
El sociólogo ucevista dijo que 80 % del dinero que le aprobaron lo tendrán que destinar a gastos fijos de la institución, como pagos de sueldos y salarios y mantenimientos especìficos. Belmonte expresó en días pasados que el presupuesto de 2019 solo alcanzó para un mes.
Belmonte criticó que el Ministerio le proponga a las casas de estudios convertirse en “universidades productivas” para paliar la crisis y el déficit presupuestario instalando gallineros verticales y conucos en sus instalaciones. “Es una concepción primitiva y simplista de lo que es la producción”, dijo.
De igual forma, el secretario de la UCV señaló que las autoridades de esa universidad están buscando crear una política similar a la implementada por la Simón Bolívar, que acudió a sus egresados para recaudar fondos y recuperar el servicio de transporte.
Por su parte la vicerrectora administrativa de la USB, Mariella Azzato, resaltó que en esa universidad experimental tienen déficit presupuestario desde 2011 y que el año que viene será similar, pues el Ministerio solo les reconoció 6 % de lo que presentaron.
A juicio de Azzato, tal hecho deja a la USB en una situación de “cero planificación”, pues dedica más de 90 % de sus ingresos a cubrir gastos de sueldos y salarios y solo 1 % a inversión académica.
Tal déficit ha provocado lo que Azzato denominó “desinversión programada”, pues la asfixia económica ha provocado la suspensión de varios servicios que presta la Simón Bolívar a la comunidad universitaria, como transporte y comedor.
Las dos sedes de la USB quedan en las afueras de Caracas, por lo que, según Azzato, 82 % de la comunidad uesebista depende del servicio de transporte.
Con el apoyo de un grupo de egresados de la institución, la USB logró recuperar 26 de las 105 unidades con las que cuenta. Sin embargo, Azzato resalta que el gasto de mantenimiento de las unidades es “recurrente”, lo que lo vuelve imposible de cubrir a largo plazo por los graduados.
Es por ello que, señala Azzato, la USB está buscando alternativas para volverse autosostenible, de tal forma que no tengan que depender de lo que el Estado les dé para seguir en funcionamiento.
Las privadas no se salvan
Las universidades privadas no escapan a la crisis, así lo afirmó la vicerrectora administrativa de la Universidad Monteávila, Carolina Arcay, quien resaltó que hasta 70 % de los egresos de las instituciones privadas se destinan a pagos al profesorado.
Pese a que sus ingresos no dependen del visto bueno del Estado o alguna institución pública, Arcay señala que las privadas se encuentran con muchas dificultades que afectan directamente la calidad del servicio que prestan.
La desmotivación de la vocación docente es una de ellas. Arcay menciona que el ejercicio docente ha dejado de resultar atractivo para los profesionales.
Además, han disminuido los aportes de las empresa privadas para la formación de su personal (en postgrado y extensión) y para investigación, que representaban hasta 30 % de los ingresos de una universidad privada. “90 % de los ingresos provienen del pago de matrícula”, dijo Arcay.
Debido a la medida de encaje legal que impuso el Gobierno el año pasado, los bancos han reducido los préstamos bancarios a su mínima expresión. Además, las universidades privadas no son ajenas a la crisis de servicios públicos que vive el país, situación que encarece los costos y se trasladan a la matrícula.
Con información de Crónica Uno