De los 19.387 homicidios oficialmente registrados durante 2017, funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado causaron 4.998 (25,8%). Dicho de otra manera, uno de cada cuatro asesinatos fue cometido por la policía, según el Informe “Monitor del uso de la fuerza letal en América Latina”, divulgado este 29 de agosto de 2019 desde Ciudad de México.
El documento muestra los resultados de una investigación sobre uso y abuso de la fuerza letal en Brasil, Colombia, El Salvador, México y Venezuela. Venezuela tiene los peores indicadores y, según los autores del estudio, una de las razones es la profundización de la militarización de la seguridad ciudadana y la aplicación de una lógica bélica de aniquilamiento de presuntos delincuentes.
“Al analizar las informaciones disponibles provenientes de fuentes diversas, puede apreciarse que todas indican una tendencia al aumento de las muertes a manos de las fuerzas de seguridad del Estado. Ésta se hace más abrupta y acelerada a partir del año 2013 y presenta grandes saltos en 2015 y 2016, cuando se hace énfasis en campañas de operativos policiales militarizados”, se indica en el informe. Y se agrega que en 2010, 2,3 personas por cada 100.000 habitantes fueron asesinadas por agentes de la fuerza pública y en 2016 la tasa se elevó a 19, lo cual implica un incremento de 726%.
Provea atribuyó a funcionarios de seguridad del Estado 205 homicidios durante 2018, registrados en medios de comunicación de diez estados de Venezuela, a partir del controversial operativo policial ejecutado el 15 de enero de 2018, en el cual fue asesinado el exfuncionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Óscar Pérez, y sus seis acompañantes.
A un año del primer operativo de las FAES en Lara, específicamente en la urbanización Las Sábilas, en Barquisimeto, donde más de 50 funcionarios asesinaron a cinco personas, Provea reportó 238 homicidios en Lara a manos de agentes de funcionarios del cuerpo élite de la PNB.
¿Enfrentamientos o ejecuciones?
En la legislación venezolana la ejecución extrajudicial no está tipificada como un delito autónomo. Sin embargo, los autores de la investigación sobre uso letal de la fuerza consideran que se debe calificar como homicidio alevoso calificado, agravado por abuso de las armas de la autoridad o cualquier medio que debilite la defensa de la víctima, en concurso ideal con quebrantamiento de tratados internacionales de derechos humanos. En promedio, la pena aplicable sería 18 años y 9 meses de prisión.
Sin embargo, las versiones oficiales por lo general dan cuenta de supuestos enfrentamientos, que se califican jurídicamente como “resistencia a la autoridad”. De esta forma, incorporan los eximentes de responsabilidad penal relacionados con la legítima defensa o el cumplimiento del deber. Se descarta a priori la posibilidad de exceso en el uso de la fuerza letal.
Los investigadores alertan sobre el fomento de la impunidad: “Cada incidente de uso de la fuerza letal que resulte en víctimas debe ser adecuadamente registrado y dar lugar a una investigación rigurosa, de carácter administrativo y penal, que garantice que tal uso de la fuerza ha respetado los principios legales”. Sobre el particular, la ONG Proiuris determinó que en Venezuela 85% de las presuntas investigaciones extrajudiciales no son debidamente investigadas por el Ministerio Público.
Frente a la promoción de las FAES que hace Nicolás Maduro, el informe “Monitor del uso de la fuerza letal en América Latina” advierte que cuando el número de civiles muertos a manos de los cuerpos de seguridad supera 10% del total de homicidios, como es el caso en Venezuela y El Salvador, es razonable presumir excesos.
Con información de Efecto Cocuyo