Que un equipo interdisciplinario lleve a cabo un abordaje de los niños y adolescentes que hacen vida o pernoctan en corredores peatonales como los de Sabana Grande, Las Mercedes, La Castellana, Candelaria, avenidas Casanova y Solano se impone luego de la muerte de dos funcionarios del Ejército a manos de una banda de menores de edad.
Es un diagnóstico que ha tenido que comenzar hace seis u ocho meses, un año o más, pero que ahora es imperioso, coinciden abogados, trabajadores sociales y personas vinculadas a los derechos de la infancia.
«Las experiencias de otros países dan cuenta de que en el caso de niños en situación de calle las primeras horas de pernocta son claves para abordarlos, para identificar las causas del problema, si siguen vinculados a su entorno familiar, y tener un programa que permite irlos monitoreando antes de que sean seducidos por la calle. Pero eso no ha ocurrido aquí», explica Fernando Pereira, coordinador de Cecodap.
Como director del Patio Abierto de la Casa de Sarría, perteneciente a la Red de Casas Don Bosco, Leonardo Rodríguez ha visto cómo ha ido aumentando el número de muchachos de la calle que reciben a diario en este espacio. A finales del año pasado llegaban entre 7 a 12 jóvenes para bañarse, comer, lavar su ropa y recrearse. Ahora reciben entre 12 a 16.
El perfil de esta población, que es muy flotante y nómada, ha cambiado. «Nos sorprende que la edad de los niños que vienen al Patio oscila entre los 7 a los 12 años, nunca antes habíamos recibido a una población tan joven. Igualmente ya no son explotados laboralmente o víctimas de violencia intrafamiliar sino niños que buscan dinero y algo que comer. Los menores no andan solos. Ellos comentan que hay jóvenes o adultos que figuran como su papá o mamá en la calle, personas que les dan herramientas violentas para obtener lo que buscan: dinero y comida».
Lorys Oliveros, abogada vinculada al área de infancia, recuerda que entre 2003 a 2008 la Fundación Caracas para los Niños aplicó con éxito un programa, con asesoría de instituciones brasileras, que logró disminuir el número de niños de la calle. Se trataba de educadores de calle que veían el entorno y abordaban a los niños. «Esos recorridos nocturnos ya no existen, ese trabajo se abandonó».
Hoy es el Idenna el ente encargado de desplegar acciones para atender la problemática siguiendo las políticas públicas que dicte el Viceministerio.
Hace un mes, el Idenna inició visitas a varias casas hogares para contabilizar el número de camas libres. A los defensores de los derechos de la infancia les preocupa que las medidas se reduzcan a hacinar a los niños en centros, separándolos de su familia y que el asesinato de Sabana Grande se use para estigmatizar a los menores en situación de calle, que aumente la represión por parte de los cuerpos policiales y que se tomen medidas reactivas en lugar de preventivas.
En el caso de los menores de 14 años involucrados en el asesinato, al no tener responsabilidad penal, son los Consejos de Protección del NNA los encargados de dictar medidas de protección. Las mismas no están claras porque no existe en la ley un procedimiento específico para casos como éste pero incluyen la búsqueda de sus familiares, apoyo terapéutico o colocación en una entidad de atención.
Rodríguez coincide con Pereira en que lo ocurrido en Sabana Grande es consecuencia directa del gobierno nacional por el abandono sistemático de las políticas públicas en materia de protección de la infancia, y la ausencia de medidas con enfoque de derecho no coercitivas.
«Aunque la primera responsabilidad debe recaer en los padres se trata de familias que seguramente están en la calle abriendo bolsas de basura para poder comer», dijo Rodríguez.
Pereira agrega que los problemas sociales requieren respuestas sociales y no se resuelven con violencia. «Es necesario estudiar cada caso de los niños involucrados por particular, buscar a sus familiares, determinar el tratamiento psicológico necesario para garantizar que no se vuelva a repetir un comportamiento de ese tipo. Colocarlos en una casa hogar donde hay niños abandonados por sus padres pero que no han cometido delitos es un decisión complicada, es juntar problemas sociales con penales».
Con información de: El Universal
Fecha: 22 de marzo de 2017