Acción Solidaria y otras organizaciones emprendieron una campaña en redes sociales para exigir al Gobierno tratamientos a pacientes con VIH, luego de las medidas cautelares que aprobó la Cidh el 4 de octubre a favor de 43 pacientes que denunciaron la escasez de medicinas
Las personas con VIH-Sida en Venezuela han agotado todas las vías posibles para recordarle al Gobierno que tiene la responsabilidad de garantizar el acceso oportuno, suficiente y constante de tratamientos antirretrovirales y medicinas para evitar infecciones oportunistas.
Desde el pasado 29 de octubre emprenden una campaña en redes sociales denominada “Cautelares ¿y ahora qué”, con la que buscan informar sobre la importancia del cumplimiento de las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (Cidh – OEA) aprobó el pasado 4 de octubre para exigir al Estado la protección de los derechos a la salud y la vida de 43 personas con VIH.
La campaña, emprendida por un conjunto de ONG, como Acción Solidaria y Acción Ciudadana contra el Sida, se impulsa también por la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte Cidh) en la que condenó al Gobierno de Guatemala por no brindar tratamientos médicos a la población y la violación de derechos humanos contra 49 personas con VIH en ese país. También el alto tribunal interamericano fustigó que el Estado haya sido responsables de los fallecimientos ocasionados por esta omisión. El caso se resolvió en un lapso de 15 años y es la primera vez que la Cidh se pronuncia a favor de la garantía del derecho a la salud.
Con la campaña, los activistas de derechos humanos hacen llamados directamente al Ministerio de Salud, a la Defensoría del Pueblo e incluso a la OEA en el que señalan que en el mes de junio de 2017 cerca de 30 % de los denunciantes no estaban recibiendo tratamiento antirretroviral y que luego, en octubre de ese año, 80 % ya no contaba con medicinas. La medida cautelar N° 145 – 18, contenida en la Resolución 76/2018 de la Cidh, consideró que los 43 pacientes, beneficiados con el amparo, se encontraban en una situación de gravedad y urgencia debido a que sus derechos a la salud y la vida enfrentan un riesgo de daño irreparable.
Con información de El Pitazo