La cédula de identidad y el pasaporte son para todos los venezolanos un derecho establecido en el artículo 56 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que indica que todo ciudadano venezolano tiene el derecho a obtener registros civiles y públicos que compruebe su identidad biológica. Por consiguiente, aquí también se viola el artículo 50, que permite a todo ciudadano transitar libremente por todo el país y a entrar a la nación sin autorización alguna.
Por ende la restricción para tener acceso a un documento de identidad es una violación a los derechos humanos, desconociendo en el artículo 19 de la CRBV, el cual garantiza que el Estado brindará a sus ciudadanos el goce -sin discriminación- de los derechos humanos.
Desde el año 2016 se ha acrecentado la falta de material para la impresión de pasaportes en Venezuela, así como en los consulados y embajadas en otros países, pues hay quienes han tardado hasta un año para culminar el trámite de renovación de su documentación. El país donde te encuentres no hace la diferencia, las trabas y excusas son las mismas, más aún cuando de sistema caído se trata.
El sistema que utiliza el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) se encuentra interconectado con el principal en Venezuela; es por ello que cuando en el país ocurre alguna falla técnica, esto también se genera en los consulados. Según entrevistas realizadas a venezolanos en Estados Unidos, regularmente deben viajar a otras provincias, lo que implica gastos y permisos en trabajos y escuelas, por ende, el trámite deben realizarlo en la fecha que se estableció la cita inicialmente.
Los problemas de documentación que viven los venezolanos inmigrantes los han llevado a la deserción estudiantil, pues es un requisito necesario para poder cursar estudios de cualquier tipo, por no ser ciudadano legal del país correspondiente. Yonaide Sánchez, coordinadora del capítulo Lara de Transparencia Venezuela asegura que han recibido desde inicios de febrero de 2017 más de 115 denuncias, de las cuales 12 corresponde a las hechas desde el exterior y 4 del estado Lara.
“El tema del pasaporte está en el tapete desde hace tiempo, pero desde hace unos tres meses ha recrecido de manera significativa, con mayor énfasis en octubre y noviembre, seguramente había personas que estaban esperando pasaportes porque viajaban en diciembre”, comentó Sánchez, añadiendo que desde el primero de febrero activaron los canales de denuncia para este problema.
Aseguró que la gente siente indefensión, porque no saben qué otro procedimiento realizar luego de haber hecho todo lo reglamentario. Desde el exterior al perder la vigencia de la documentación y no poder hacer trámites, obtener un trabajo o poder continuar los estudios, se está utilizando el término “limbo jurídico”.
Sánchez aseveró que la situación de documentación en el exterior se presenta desde hace alrededor de cinco años, pero se ha vuelto notorio en los últimos meses, a la par que se ha acrecentado en Venezuela. “Para nadie es un secreto la migración que ha habido en el país, se está hablando de los dos millones de venezolanos”, recordó la coordinadora, resaltando que estas personas sienten angustia porque hay quienes tienen hijos, hermanos fuera del país y se atemorizan ante la idea de no verlos más.
Otra intriga que ronda a los venezolanos, es cuando cuentan con doble nacionalidad. En un comunicado hecho por la embajada de Venezuela en los Estados Unidos en la resolución DM Nº 029 del 28 de febrero de 2015, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela extraordinaria No. 6.177, de la misma fecha, se establece que los venezolanos con doble nacionalidad no podrán ingresar al territorio nacional con el segundo pasaporte; es decir que deben entrar, permanecer y salir con el documento venezolano, pero muchos no logran renovarlo.
“No solo se están vulnerando derechos que están consagrados en la Constitución; también que están violando los derechos a la filiación. Son derechos de tercera generación”, explicó Sánchez.
Es importante acotar que en reiteradas ocasiones se contactó al coordinador regional del SAIME, Johan Hernández para conocer las cifras y declaraciones del ente pero no fueron posibles las comunicaciones.
Dos oficios, ninguna respuesta
A mediados de febrero la asociación civil Transparencia Venezuela envió una comunicación al director del SAIME, Juan Carlos Dugarte donde se le notificaba de los más de 100 casos recibidos hasta la fecha de emisión del oficio que es el nueve de febrero, recibido en el mismo día. En esta, además se le reflejan al funcionario los artículos que están siendo violados al no tramitar el documento y las consecuencias que trae para los venezolanos en el exterior.
Seguidamente se le exige a Dugarte cinco puntos importantes: “a) la implementación de medidas correctivas inmediatas y urgentes para solventar la actual problemática en la tramitación de los pasaportes; b) respuesta oportuna y veraz para cada uno de los casos denunciados; c) la toma de medidas que impidan la repetición de situaciones tan lesivas y graves como la presente; d) que se investiguen los presuntos hechos de corrupción perpetrados por funcionarios de ese órgano; e) realizar una reunión entre autoridades de ese organismo y nuestra organización, a fin de establecer un trabajo conjunto que permita canalizar las denuncias recibidas(…)”.
Por otra parte, la misma organización emitió un comunicado al defensor del Pueblo, Tarek William Saab para exigirle que realice la debida inspección a este organismo público y les garantice los derechos a los ciudadanos que representa, bien sea fuera o dentro del país. Este oficio fue realizado y consignado el 14 de este mes, días después de realizar el mismo procedimiento ante el SAIME.
A lo largo de este documento se le dio a conocer al defensor sobre las acciones anteriormente tomadas por la organización ante el organismo público encargado de las identidades de los venezolanos. Asimismo, se le exigió que realice las debidas inspecciones, sanciones y procedimiento para conocer de raíz la causa de esta problemática y que se ataque la corrupción dentro de este ente.
De igual forma se le exhortó a dar solución a la falta de material y que garantice para el mes de marzo la solución a todas las denuncias realizadas y a todos los trámites en espera que tiene el SAIME.
Luego de realizar dichos trámites, la organización aún no ha recibido respuesta alguna de los dos medios que utilizaron para consignar las denuncias. Sin embargo, Sánchez afirmó que “luego de recibir la denuncia, dependiendo del tiempo transcurrido, de la evolución del caso, esto se puede llegar a judicializar”.Transparencia Venezuela ha puesto a la disposición varios canales para realizar las denuncias en cuanto a cualquier abuso que reciban los venezolanos, entre ellos están la aplicación ‘Dilo Aquí’, el correo electrónico denuncia@transparencia.org.com, a través de los teléfonos y de forma personal.
¿Pagando sí hay material?
Esta es una pregunta recurrente entre los ciudadanos que realizan el trámite de renovación de pasaporte e incluso de la cédula de identidad. Se ha rumorado a través de las redes sociales, y en la voz de la opinión pública que algunos funcionarios o personas externas cobran un monto adicional a los aranceles legales y de esa forma se puede obtener el documento de forma rápida.
El exterior no escapa de ellos, en las redes sociales se perciben publicaciones de países como Argentina donde piden aproximadamente 1.000 dólares para agilizar el proceso y te aseguran la llegada del documento.
Estas situaciones se han presentado desde Argentina hasta en los Estados Unidos, incluso testimonios reflejan que en países europeos la corrupción con los documentos venezolanos ha ido de forma creciente, alimentada por la necesidad de los ciudadanos y la falta de respuesta de los organismos competentes.
Fuente: El Impulso
Fecha: 20 de febrero de 2017