La falta de transparencia y la inseguridad jurídica con las empresas privadas, que se evidencia con 20 demandas pendientes en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), coloca a Venezuela como un país poco fiable para hacer inversiones.
En Venezuela siempre prevalece la desconfianza para invertir, porque el Ejecutivo cambia las reglas permanentemente, a lo que se suman los excesivos controles, las expropiaciones y las estatizaciones.
El gobierno adeuda pagos por procesos arbitrales, correspondientes a nacionalizaciones, que ascienden a 10,6 millardos de dólares, según datos proporcionados por Econalítica. Entre las empresas demandantes, están Kimberly-Clark Ducht Holdings, introducida el 17 de abril pasado; Venoklim Holding BV (25 de septiembre de 2017), Air Canada (13 de enero de 2017) y Saint Patrick Properties Corporation (19 de diciembre de 2016).
En la lista de la institución de arbitraje internacional también figuran los demandantes Agroinsumos Iberoamericanos SL (julio 25 de 2016), Anglo American PLC (10 de abril de 2014), Oil European Group y Longreef Investment (26 de septiembre de 2011) y Highbury Internacional AVV and Ramstein Trading Inc (5 de enero de 2011). También figura el reciente caso de Conoco Phillips por 2 millardos de dólares, que la petrolera estadounidense está cobrando a través de confiscaciones de cargamentos de crudo de Pdvsa en el Caribe.
Mientras el Estado pretenda controlar todo, limite las libertades económicas e irrespete el Estado de Derecho, no habrá confianza para invertir, no habrá condiciones para frenar el cierre o la migración de empresas ni se podrá parar la diáspora de los ciudadanos a otras latitudes en la búsqueda de mejores condiciones de vida.
Con información de Descifrado