Las largas noches en vela esperando a que su hijo adolescente volviera a casa a salvo tras acudir a una fiesta, la sensación de persecución continúa y el estrés ante un posible robo son sensaciones que para el venezolano Pedro Manuel Ontiveros, de 71 años, quedaron atrás hace mucho tiempo. La violencia acuciante en Venezuela -la gota que colmó el vaso fue cuando asaltaron a su mujer- y las raíces españolas de su esposa fueron las razones de peso que le trajeron a España hace ya 13 años. “Los problemas que hay son serios, allí por un calzado bueno te pueden hasta matar, es una situación de inseguridad tremenda”, explica Ontiveros, que posee la doble nacionalidad.
Lo que no podía prever Ontiveros, que trabajó durante 20 años como profesor en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Caracas, es que los problemas de su país natal le continuarían persiguiendo. Él, como 12.000 jubilados y pensionistas venezolanos que residen en el extranjero, no percibe desde 2015 el dinero que le corresponde tras retirarse. En España, son alrededor de 4.000 venezolanos los que atraviesan esta situación y 1.800 sólo en Madrid, según datos aproximados de Ontiveros, que en la actualidad preside la Asociación de Pensionados y Jubilados Venezolanos de la Comunidad de Madrid (ASOPEJUVECMA), que se creó el pasado de 13 de agosto ante la gravedad del problema.
Una coyuntura que se debatió en la Asamblea Nacional de Venezuela a finales de septiembre y que la diputada Sonia Medina, presidenta de la subcomisión especial que investiga el estado de las divisas para los venezolanos en el exterior, pidió declarar como “emergencia migratoria”, informó el periódico ‘El Nacional’. Medina destacó “la situación de mendicidad” en la que se encuentran no sólo los 12.000 retirados, también los 25.000 estudiantes que se hallan fuera del país latinoamericano.
De esa precariedad da fe Beatriz Corona, de 57 años y vicepresidenta de ASOPEJUVECMA. Fue profesora de técnica vocal y, tras 16 años en España, ella comenzó a cobrar su pensión venezolana a finales de 2014. Ahora, depende completamente de su hija. A raíz de su labor en la organización ha conocido otros casos de venezolanos que tienen dificultades para trasladar su pensión o que dejaron de cobrarla, como el de I. G., de 77 años, cuya familia prefiere mantener el anonimato. Él nació en Canarias, pero emigró a los 18 años a Venezuela. Tras una vida entera trabajando, comenzó a recibir una pensión de invalidez por problemas de salud. En noviembre de 2014, su familia decide volver a España, solicitan el traslado de la pensión, pero “quedamos en blanco”, asegura su hija, que intenta buscar alternativas en España para mantenerlo. “Hay un porcentaje alto de casos en estas condiciones o peor y otros que todavía pueden ayudarse con sus ahorros, pero que en un par de meses estarán haciendo cola en Cáritas y en los comedores sociales, después de haber entregado 35, 40 ó 45 años de trabajo a Venezuela”, subraya Corona.
Desde ASOPEJUVECMA aseguran el buen trato que se les está dando en el consulado venezolano en Madrid y el apoyo que están recibiendo por parte de los servicios sociales de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, para algunas familias la situación ya es insostenible. “Cada venezolano aquí, se parte la vida para mantener a 10 allí”, explica la hija de T.M., de 72 años, otra venezolana que intentó traer su pensión de vejez a España y como consecuencia no la cobra desde julio de 2014. Una hija desesperada que no sólo sufre por su madre mayor y enferma a la que debe mantener, también por el hermano, los sobrinos y los tíos que siguen padeciendo la situación de carestía del país latinoamericano y a los que apoya enviándoles dinero. Ella mandó una carta al consulado en Madrid, no obtuvo respuesta. Ahora, busca todo tipo de alternativas para sobrevivir, como otros tantos venezolanos.
El sistema venezolano
Para entender esta “emergencia migratoria” es necesario comprender el sistema de divisas que rige en Venezuela, donde hay control de cambio y el cual Ontiveros explica a modo de lección para no perder detalle. Por un lado, existe el ‘dólar protegido’ -un dólar equivale a 10 bolívares-, controlado por el Gobierno y que está destinado a alimentos, medicinas, para enviar a los estudiantes en el exterior y para pensionados y jubilados. Por otro, el cambio del Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX) -655 bolívares por dólar, aproximadamente puesto que es fluctuante-, que es el organismo que maneja el cambio de divisas en el país.
Además, en contraste con lo que sucede en España, en Venezuela se establece la diferencia entre pensionados y jubilados. Las pensiones pueden ser otorgadas por vejez (cuyos requisitos son 55 años para las mujeres y 60 para los hombres, además de 15 años de cotización), invalidez y viudedad, son gestionadas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y es un derecho adquirido como ciudadano venezolano. En el caso de las pensiones por vejez es donde radica el gran problema que están sufriendo los venezolanos que residen en España y los españoles-venezolanos retornados. El presidente de ASOPEJUVECMA cuantifica en un 75% las personas que se encuentran dentro de este grupo. Estos ciudadanos tienen derecho a trasladar sus pensiones de Venezuela a España, ya que existe un convenio de Seguridad Social entre ambos países (del 12 de mayo de 1988). “El Estado venezolano tiene la obligación de trasladarte la pensión y pagarte el equivalente en el país donde tenga convenio, donde no hay convenio no te mandan la pensión (como sucede en EEUU)”, aclara Ontiveros. Estas personas están sufriendo retrasos de 10 meses, ya que no cobran desde enero y tampoco recibieron el aguinaldo -lo que en España conocemos como paga extra-.
Para los jubilados el tiempo sin cobrar es mayor. Ellos no reciben el dinero desde julio de 2015 porque “al transferir de Venezuela a España no se les autoriza el cambio de divisa”, apunta Ontiveros, es decir no se realiza el cambio de bolívares -que en España no valen de nada- a euros. Pero, ¿cómo funcionan las jubilaciones? Al haber trabajado para un organismo público o privado que cuente con un programa de jubilación, con sus propios requisitos y reglamento, se recibe de ellos la paga al retirarse. En estos supuestos no es necesario el convenio con otros países, el control de cambio lo realiza el CENCOEX y se transfieren las divisas allí donde se encuentre el jubilado. Los retirados pueden recibir ambas pagas a la vez, tanto la de jubilación como la de la pensión.
Los retrasos continuos
Los aplazamientos en los cobros no son nada nuevo. “Anteriormente había retrasos de uno o dos meses, hasta que se hacía el ajuste bancario, pero no tanto tiempo”, destaca Ontiveros, que tiene derecho tanto a la jubilación, por su trabajo en la universidad, como a las pensiones, por sus aportaciones al IVSS.
“Está creciendo el problema, en todas las comunidades se están movilizando”, alerta la vicepresidenta de ASOPEJUVECMA. Esta organización madrileña ya ha realizado varios paros frente a la Embajada y el consulado del país latinoamericano en Madrid, entre otras acciones, y se mantienen en contacto con el embajador de Venezuela en España, Mario Isea, con quien están gestionando una audiencia con Tarek William Saab, el defensor del Pueblo en Venezuela. Este periódico ha contactado con la Embajada de Venezuela en España para conocer su versión, pero todavía no ha obtenido respuesta.
A nivel global, hay una campaña en change.org, que busca recolectar 15.000 firmas para informar de la situación a organismos internacionales como Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos (OEA), entre otros. “Hemos acudido a las instancias que deben resolver este grave problema, incluyendo el Banco Central de Venezuela, el IVSS, CENCOEX, la Asamblea Nacional, Unasur y otros sin obtener respuesta a nuestros planteamientos. Ante el silencio y la falta de pagos, no nos queda otra alternativa que solicitar el apoyo solidario”, reza el llamamiento.
A esto hay que añadir que la grave crisis existente en Venezuela empuja a sus ciudadanos a emigrar. En la Comunidad de Madrid ha aumentado un 19% el número de venezolanos en el último año, de acuerdo con el último informe del Observatorio de Inmigración y según informó este diario. Por tanto, la situación podría agravarse aún más.
FUENTE: EL MUNDO
8 DE OCTUBRE DE 2016