Después de ser llamada la Arabia Saudita de Latinoamérica, y de ser sede de importantes transnacionales como la Procter and Gamble, que llegó a instalar su centro de investigación y desarrollo de productos para Latinoamérica en Caracas, o de ser una de las pocas naciones autorizadas para ensamblar modelos de carros Mercedes Benz en los 90, Venezuela pasó estrepitosamente a ser considerado el tercer país del mundo con peor clima para invertir este año, según el Banco Mundial.
En el informe evaluaron a 190 países y Venezuela ocupó el ranking 188, es decir, es el antepenúltimo del mundo con peor clima para hacer negocios, sólo superado por Eritrea y Somalia, dos pequeños países africanos que contabilizan más de 30 años en guerra y represión.
«Este ha sido un gobierno que ha aplicado una política de expropiación, que amenaza a los inversionistas que tienen dólares, que los ha calificado de especuladores, ese clima pone en riesgo cualquier inversión afectando la confianza internacional», expresó Hermes Pérez, economistas y profesor de la Universidad Metropolitana de Caracas (Unimet).
Indicó que la conflictividad política y social ha sido la principal causa para que el país sea descartado por cualquier inversionista serio, porque el Ejecutivo Nacional ha implementado una política sistemática de destrucción del aparato productivo, llegando a expropiar desde 2008 hasta 2017 unas 700 empresas de manufactura que se encuentran quebradas o paralizadas según información de Conindustria. Además el gobierno de Nicolás Maduro está sancionado financieramente por Estados Unidos, y varios funcionarios tienen sanciones personales por Canadá y 27 países de Europa.
«Venezuela después de ser uno de los países que alcanzó el más rápido crecimiento económico en la década de los 70, recibió la primera amenaza para la inversión con el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez (1974), al nacionalizar la industria petrolera creando PDVSA. Esa decisión fue el fin de las concesiones para la explotación petrolera. En ese momento el país comenzó a bajar ligeramente su producción de crudo, que estaba por el orden de tres millones 500 mil barriles diarios», explicó Alejandro Castro, gerente de Operaciones de Econométrica.
Pérez también nacionalizó la Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro (Sidor) y la La Corporación Venezolana de Guayana (CVG). Pero los errores continuaron cuando Hugo Chávez llegó al poder (1998), politizando estas tres industrias en el año 2002, que posteriormente no dejaron de descender en su producción.
«Para que un país ocupe uno de los primeros ranking del índice para invertir tiene que existir respeto a la propiedad privada, que no se apliquen políticas para estatizar o expoliar. En Venezuela el marco jurídico vigente no contribuye a alcanzar reglas claras», informó Castro.
El segundo factor para que extranjeros coloquen sus capitales en territorio criollo es que cuenten con garantía y seguridad. Según el Observatorio Venezolano de Violencia, en 2019 el país fue el de mayor tasa de muertes violentas de América. «En el país hasta algunos policías roban y cometen delitos. ¿Cómo va a tener confianza un empresario si hasta para trasladar una mercancía de un estado a otro corre el riesgo de que le confisquen su mercancía?. En este país las empresas tienen que blindarse con sistemas de seguridad, vigilantes, equipos que aumentan los costos de producción», dijo.
Hermes Pérez señala que la confianza también se afecta cuando quienes están al frente del Banco Central de Venezuela (BCV) y de ministerios claves para la inversión no tienen conocimiento económico. «Tenemos una titular de Economía y Finanzas, Delcy Rodríguez que no es economista y que esta sancionada internacionalmente, ella no puede firmar un contrato internacional, como tampoco lo puede hacer Tareck El Aissami, Ministro de Petróleo. Nadie que tenga cinco sentidos va a firmar un contrato petrolero con Venezuela porque podría ser perjudicial», exclamó.
Inestabilidad
Hermes Pérez, economista, informó que el clima de inversión está asociado a la fortaleza institucional de los países. En el caso de Venezuela todos los poderes públicos dejaron de ser autónomos y es el poder Ejecutivo el que mantiene el poder total.
«Venezuela perdió acceso a los mercados financieros en 2012, año en que fue el último crédito asignado al país. Esto significa que el factor político es el principal riesgo. El hecho que no existan instituciones independientes, sólidas, que no se respete el imperio de la ley, porque cualquier denuncia en los tribunales no procede como lo establece la Constitución y las normas vigentes, hace muy difícil una buena valoración para invertir», mencionó.
Servicios precarios
Entre los indicadores que establece el Banco Mundial para medir la facilidad de hacer negocios, está el que la nación cuente con servicios de calidad, que el servicio eléctrico sea continuo, el aseo urbano funcione y las empresas puedan recibir agua potable por tubería. Desde 2013 empresarios han denunciado que estos servicios son irregulares y que la mayoría deben de pagar camiones cisternas, buscar camiones volteos cuando las alcaldías no se ocupan de recolectar la basura, y adquirir plantas eléctricas cuando Corpoelec aplica cortes del servicio en horas productivas, con el agravante que ahora existe una severa escasez de diesel y gasolina, combustibles con los que funcionan esas plantas.
Hay corrupción
Informó que un factor determinante para recobrar la confianza en el sector privado es que exista control de la corrupción. «El gobierno debe rendir cuentas, su presupuesto nacional se rige por ingresos, gastos y deudas, esa información por ley debe ser pública. Hoy los venezolanos tienen derecho a saber en qué se está gastando el dinero el Estado que desde 2008 no hace público el presupuesto nacional», informó.
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