El último trimestre de 2017 será una prueba de fuego para las finanzas del país. Petróleos de Venezuela conjuntamente con la República deben pagar $3,8 mil millones para honrar los compromisos adquiridos con quienes en un momento determinado financiaron el gasto del gobierno.
La administración de Nicolás Maduro se jacta de no haber dejado de pagar esa deuda y sin embargo los mercados internacionales le cierran las puertas al país, lo que se agrava con las más recientes sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump a funcionarios venezolanos, que impiden hacer negocios con las entidades que estos representen.
La situación es tal que el jefe de Estado encabezó la primera semana de octubre una gira por Rusia, Bielorrusia y Turquía en busca de apoyos y mecanismos que permitan hacer frente a la medida de Estados Unidos. Los resultados aún están por verse.
Pero desde mucho antes de las sanciones, el gobierno se preparaba para enfrentar un cronograma de pago de $3.800 millones en el último trimestre, con mayor fuerza en los meses de octubre y noviembre.
En un contexto de bajos precios del petróleo, el año comenzó con recortes a las ya disminuidas importaciones y con el paso de los meses la tendencia se acentuó.
De acuerdo cálculos de la banca de inversión Torino Capital, basados en la data de Naciones Unidas sobre comercio internacional (Comtrade Merchandise Trade Statistics Database), las compras de medicamentos en mercados internacionales cayeron de manera importante entre enero y abril de 2017 en comparación con igual período de 2016, al pasar de 9,2% a 2,7%.
Las importaciones de alimentos también han sufrido un declive, mientras las calles de Venezuela exhiben cada vez a más personas comiendo de la basura, sin que el gobierno haga algo para detener este drama.
El más reciente informe de la FAO revela que el índice de hambruna en el país pasó de 10,5 a 13% en 2016, colocándose como la segunda nación latinoamericana con la mayor prevalencia con personas subalimentadas en América Latina y el Caribe.
En Venezuela, donde rigen prolongados controles de precios y de cambio, escasean los bienes básicos. En consecuencia se imponen los mercados negros que erosionan el ya precario poder adquisitivo de la población sometida a un proceso hiperinflacionario que este cerrará con un índice de precios que superará el 1.000%, según economistas independientes.
La percepción generalizada es que la restricción en las divisas para las importaciones de bienes básicos para la población, le ha permitido a Pdvsa acumular suficientes recursos para asegurar el pago de sus compromisos ante la ausencia de fuentes tradicionales de financiamiento.
No obstante, Pdvsa ha confrontado problemas que la llevaron a retrasarse en el pago de $121 millones en intereses de bonos y hace uso del período de gracia de 30 días para poder cumplir.
Los atrasos se deberían a inconvenientes para transferir a la cuenta pagadora los recursos para honrar las obligaciones.
Mientras el gobierno busca la manera de cumplir con los tenedores de bonos, los venezolanos deben reducir las opciones de abastecer el mercado y lo que llega lo hace a precios que no están al alcance de la mayoría, pues antes las dificultades financieras, el Ejecutivo ha autorizados a los empresarios importar con dólares a tasa libre de mercado, que al cierre de la semana pasada se ubicó en Bs 38.000.
Materias primas e insumos indispensables para la producción de alimentos y medicinas se compran mayormente al tipo de cambio paralelo. Es por esto que en el mercado comienzan a verse medicamentos como protectores gástricos en Bs 100.000 o casi la tercera parte de un salario mínimo integral de Bs 325.544.
Y antibióticos como el Unasyn de 750 mg, que se utiliza para combatir infecciones de las vías respiratorias e infecciones en la piel, tiene un precio de Bs 440.000 la presentación de 14 cápsulas.
La gente muere de mengua en los hospitales ante la falta de insumos y medicamentos, mientras reaparecen enfermedades que habían sido erradicadas en Venezuela el siglo pasado.
Igual ocurre con los alimentos. Ahora, todos, sin excepción, tienen precios de bodegón, hasta los más básicos.
Encontrar a familias enteras escarbando entre los desperdicios de la basura para poder comer, es un cuadro cada vez más recurrente en las calles del país.
Mientras la realidad sume al venezolano en un estado de empobrecimiento, el gobierno niega la crisis y por tanto no admite ayuda humanitaria. Pero busca los recursos para no dejar de pagar a los tenedores de bonos.
José Guerra, economista y diputado opositor a la Asamblea Nacional, advirtió que el pago del servicio de deuda solo traerá más escasez al país.
En tanto Julio Borges, presidente del parlamento, pidió al presidente Maduro refinanciar la deuda.
“Es criminal que Maduro privilegie a los enchufados de los bancos en vez de refinanciar la deuda para tener comida y medicinas en Venezuela. Que no se castigue a los venezolanos en función de cumplirle a los bancos”, dijo el domingo en rueda de prensa.
Publicado por El Estímulo
23/10/2017