Las naciones de la troika que evaluarán a Venezuela en esta oportunidad son México, Nigeria y Kirguistán
El Estado venezolano será evaluado por segunda vez en el Examen Periódico Universal (EPU) presentado ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos en el cual los 193 países miembros monitorean la situación de Derechos Humanos en cada nación.
El EPU se presenta en un periodo de cuatro años. En octubre de 2011 fue la primera revisión que enfrentó el Estado venezolano. Durante el examen que se realiza en Ginebra, Suiza a partir de este 1 de noviembre, representantes del Gobierno Nacional -encabezados en esta oportunidad por la canciller Delcy Rodríguez- presentan un informe oficial ante los miembros de los comités que evalúan la situación de cada país en torno a los compromisos en materia de derechos humanos; derechos económicos, sociales y culturales; protección de los derechos de los niños; revisión de formas en contra de la tortura, discriminación contra la mujer; contra la discriminación racial y contra la discriminación de personas con discapacidad.
Pero además del informe oficial del Estado, el examen se basa en la revisión de otros dos documentos: una compilación preparada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) sobre la situación del Estado evaluado y un resumen de los informes alternativos presentados por otros actores, representantes de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales del país.
Pero Venezuela llega a su siguiente revisión en medio de un convulsionado escenario político, económico, con peores condiciones alimentarias y de salud que hace cuatro años (cuando se realizó la anterior evaluación) y una situación de escasez y desabastecimiento generalizado que incluso ha sido calificada como una crisis de carácter humanitario.
Sin contar una larga lista de denuncias e informes alternativos de organizaciones no gubernamentales que revelan casos de torturas, tratos humillantes y degradantes, detenciones irregulares, aumento en los indicadores de violencia y criminalidad, más restricciones y ataques a la prensa en el ejercicio de la libertad de expresión.
La lista incluye ejecuciones extrajudiciales asociadas a los operativos policiales denominados OLP (Operación Liberación del Pueblo), retroceso en las condiciones de sanitarias del sistema de salud y en el acceso a medicamentos.
Salud en rojo
La Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida), por ejemplo, cuestiona aspectos de los once puntos sobre el sector salud que el Estado venezolano presentará en el informe oficial.
Algunas cifras refieren que el presupuesto 2015 refleja que el Ministerio de Salud aumentó 13% la inversión en centros de salud a pesar de que la inflación ronda 181% a lo que se suma que entre 2014 y 2015 el Estado recortó 65% las compras de medicamentos en el exterior, lo que acentuó el desabastecimiento de medicinas que según datos de las Cámaras de medicamentos y organizaciones de salud se ubica en 85%, por tanto persiste una continua irregularidad en la distribución de medicamentos que se ha agudizado en el caso de los antineoplásicos para pacientes oncológicos, antirretrovirales para pacientes con VIH y fallas en medicinas antimaláricas en medio de una epidemia de malaria que superó los 100 mil casos.
La organización Codevida también señala que la mortalidad materna aumentó, entre 2014 y junio de 2016, de 14,8 a 18,6%, aunque el informe oficial del Estado apunta sobre este tema que “la variación porcentual de la tasa de mortalidad en menores de un año presentó un descenso de 31,9%”.
La organización de defensa de derechos humanos, Cofavic, también emitió un comunicado en el que apuntan otros datos que han sido obtenidos de fuentes oficiales aunque alertan sobre el problema del poco acceso a registros públicos gubernamentales en el tema de derechos humanos, por ejemplo, «la militarización en las operaciones de seguridad, como las que se ejecutan en las zonas populares con las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), y regulaciones como la Resolución Nº 8610, que permite el uso de armas letales para el control de protestas; el aumento de las ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias; así como la ausencia total de condenas de los agentes de las fuerzas del orden presuntamente vinculados actos de tortura y malos tratos cometidos en el marco de las protestas de 2014».
Compromisos adquiridos
Durante la sesión del EPU realizada en 2011, los Estados participantes presentaron 148 recomendaciones a Venezuela, de las cuales 95 fueron aceptadas y 53 fueron rechazadas.
Liliana Ortega, directora de Cofavic, explica que el Estado decide rechazar recomendaciones por varias razones: considera que los temas ya han sido atendidos o que forman parte de políticas en implementación. La organización indica que el esquema de impunidad ha sido sistemático durante 2012 y 2013.
El Informe Anual del Ministerio Público de 2012 señala que ingresaron 8.227 nuevos casos en la Dirección de Protección de Derechos Fundamentales. Para 2013 ingresaron 8.196 nuevos casos, los cuales se asignaron a 60 Fiscalías, que reportaron la celebración de 117 juicios que muestra la persistencia de una situación estructural de impunidad en el país, tal y como lo había señalado el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas en sus observaciones finales. 98% de las denuncias de violaciones de derechos humanos no alcanzan la etapa de resolución.
En cuanto a la violencia de género, el Ministerio Público presentó en su Informe Anual 2014 un total de 70.763 causas relacionadas con violencia de género lo que representa 12,3% de la muestra general de ingresos a la Fiscalía. «De estos casos abiertos, se realizaron 11.575 imputaciones y 482 juicios lo que implica que en el año 2014 solo el 0,7% de los casos llegaron a juicio». En su Informe Anual 2015 reseñan 121 feminicidios consumados, de los cuales 48,8% de los casos se trata de víctimas entre los 15 y los 30 años.
Grupos armados
Pero Cofavic también ha alertado que en medio de la conflictividad social de protestas y manifestaciones de calle se puede observar la actuación de presuntos grupos armados civiles en contra de manifestantes, «lo que ilustra sobre las consecuencias de las múltiples omisiones, actos de aquiescencia y colaboración de agentes del Estado con grupos armados civiles, así como la impunidad y la crueldad con la que desarrollan sus acciones».
Mediante un comunicado, advierten que la normativa internacional y los acuerdos suscritos por nuestro país señalan que “el Estado venezolano es responsable por los sufrimientos físicos, psicológicos y morales padecidos por las presuntas víctimas de estos grupos armados civiles, así como por la falta de investigación sufrida por sus familiares y por todos los daños ulteriores que se deriven de estos lamentables acontecimientos. Es un principio de Derecho internacional que el Estado responde por los actos y omisiones de sus agentes realizados al amparo de su carácter oficial, aun si actúan fuera de los límites de su competencia”.
Por ello, exhortan al Estado venezolano a cumplir con las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU; a dar seguimiento y atender las preocupaciones expresadas por el Alto Comisionado respecto a las condiciones de reclusión de privados de libertad.
Cómo es el examen
Durante el diálogo interactivo que se desarrolla durante la sesión plenaria de la ONU y dura tres horas y media entre el Estado examinado y los Estados miembros y observadores del Consejo, el Estado evaluado toma la palabra con frecuencia para contestar preguntas, comentar sobre las recomendaciones y presentar sus conclusiones.
Luego el Estado es examinado por delegados de tres países que se denominan la troika y fueron seleccionados por sorteo. Las naciones de la troika que evaluarán a Venezuela en esta oportunidad son México, Nigeria y Kirguistán.
FUENTE: CONTRA PUNTO
FECHA: 01 DE NOVIEMBRE, 2016