Hace 70 años la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, mientras el mundo celebra este 10 de diciembre el nacimiento del histórico instrumento, “Venezuela vive una de las peores crisis de derechos humanos del continente americano”, advirtió la directora de investigación de Amnistía Internacional (AI) para las Américas, Carolina Jiménez.
La vocera subrayó, en entrevista vía telefónica desde México, que para AI en el país “se cometen violaciones masivas de los DDHH a diario”. Por esto, el movimiento insta a los países receptores de migrantes venezolanos a “ofrecerles protección internacional” como contempla la Declaración de Cartagena que amplía el concepto de refugiados.
Jiménez evaluó que desde año 2017 en Venezuela se vive “una profundización de la crisis de los derechos económicos, sociales y culturales” que se traducen en la Emergencia Humanitaria Compleja que viven sus ciudadanos, según ha denunciado el Poder Legislativo y las organizaciones no gubernamentales.
Derechos más vulnerados
La representante del movimiento internacional por la defensa de los derechos humanos considera que los derechos a la alimentación y a la salud son los que han sufrido un mayor retroceso en su disfrute. Recordó que el Gobierno venezolano mantiene un silencio epidemiológico, pero que las cifras publicadas por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud son alarmantes.
En el caso de la alimentación detalló cómo en 2017 la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la Agricultura (FAO) reveló que Venezuela fue el país del continente que experimentó la mayor alza en subalimentación. “Esa es una de las razones que obliga a la gente a salir del país”, dijo.
Jiménez mencionó, por otro lado, que durante las protestas de 2014 y 2017 la comunidad internacional “pudo ver forma más ilustrativa el carácter represivo del Estado“.
La internacionalista añadió que, además, la represión no solo se ciñe a los contextos de protestas sino a la seguridad pública. “Eso ocurrió con la Operación Liberación del Pueblo (OLP) dirigida a criminalizar la pobreza y dio pie a ejecuciones extrajudiciales, y uso excesivo de la fuerza que vulnera los derechos civiles y políticos“.
El poder de la denuncia y la diáspora
La vocera de Amnistía Internacional recalcó la importancia de que los ciudadanos asuman un rol de denuncia de las violaciones a sus derechos.
“Las y los venezolanos son muy valientes. El mundo pudo ver lo que sucedió en las protestas (2017) no solo por los medios, sino por el periodismo ciudadano. Ese proceso debe continuar no solo cuando hay protestas, ya que la conflictividad social se ha agudizado”.
Jiménez también consideró fundamental que exista “una fuerte voz de la diáspora” venezolana. En su opinión, es importante que estos ciudadanos en estos países puedan organizarse y “recordarle a esos países que los han acogido las razones por las que tuvieron que huir”.
Indicó que, además, es necesario que las organizaciones políticas que deseen avanzar en el país diseñen una agenda de derechos humanos como centro de su discurso. “De no ser así es muy difícil que se pueda superar la conflictividad social”.
Calificó como “un hito” que la Corte Penal Internacional (CPI) abriera un examen preliminar a Venezuela para evaluar las denuncian en esta materia. “Es un indicador de la gravedad”.
Con información de Efecto Cocuyo