Entre el 28 de marzo y el 8 de mayo de este año, se han registrado 115 casos de violaciones, restricciones y agresiones a la libertad de expresión en el país en tan solo un mes y 10 días, así lo evidenció el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS).
Esta cifra representa un 36% más de casos que en el primer trimestre del año, cuando se contabilizaron 84 alertas. Además, significa un tercio del total de casos ocurridos a lo largo de 2016, cuando ocurrieron 331 denuncias.
Las alertas de estos días de protestas fueron mayores a las reportadas durante el año 2006 y superó la suma de las denuncias reportadas por IPYS Venezuela en los años 2005 y 2006, cuando ocurrieron 40 y 68 casos respectivamente. Incluso, los 115 casos lo que significa más del total de casos registrados de enero a diciembre de 2007, un año de conflictos en Venezuela por el Reférendum Constitucional que lanzó en su momento Hugo Chávez con el objeto de modificar 69 artículos de la Constitución de 1999, y que no fue aprobado por el voto popular.
Este panorama de retrocesos a las libertades informativas, desinformación y agudización de los riesgos al ejercicio periodístico ha sido proporcional a la acción represiva del aparato institucional y de seguridad del Estado ante la ola de manifestaciones ciudadanas que son enfrentadas por el gobierno con el Plan Especial Cívico-Militar Zamora, activado el pasado 18 de abril en su “fase verde”, es decir, de alerta o amenaza general por parte de Nicolás Maduro. Este plan incorpora a las milicias bolivarianas y a células partidistas como las “Unidades de Batalla Bolívar y Chávez” (UBCH) en labores de defensa y seguridad de la nación.
De acuerdo al Ministerio Público, 1.000 personas han resultado lesionadas y 57 personas han sido asesinadas, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Mientras, otras 1991 personas fueron detenidas desde finales de marzo, según las cifras de la ONG Foro Penal.
Las alertas recogieron 256 violaciones a la libertad de expresión. Se trata de un escenario de limitaciones que superó las 219 violaciones cometidas entre el 1 de enero y el 28 de abril del 2014, año de protestas y de crisis para la sociedad venezolana.
Más de la mitad (51%) de las denuncias monitoreadas por IPYS Venezuela fueron agresiones físicas y ataques contra medios de comunicación social cometidos por cuerpos de seguridad, grupos paramilitares, simpatizantes y personas desconocidas. En este contexto se reportó la detención arbitraria de 17 periodistas venezolanos y extranjeros. El caso más grave fue el del reportero Yonathan Guédez, quien permaneció 16 días preso arbitrariamente por cubrir una manifestación en Lara.
En este terreno inseguro para el ejercicio periodístico se impuso el murmullo como expresión social de la censura y el miedo, que abonó el surgimiento de informaciones falsas que se incorporaron al caos y la zozobra de una sociedad cuya necesidad de informarse fue permanentemente insatisfecha.
Fecha: IPYS
Fecha: 26 de mayo de 2017