La promesa que hizo Delcy Rodríguez yTarek William Saab, de remitir a los tribunales ordinarios los casos de civiles detenidos en las protestas que estaban siendo procesados por la justicia militar, no se ha cumplido, de acuerdo con el Foro Penal Venezolano y la Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz.
Gonzalo Himiob, miembro del Foro Penal, indicó que durante las protestas en el país, entre abril y julio, 726 civiles fueron presentados en jurisdicciones militares; de ese grupo 410 personas aún se encuentran privadas de libertad, a la espera de la audiencia preliminar o de la conclusión de las investigaciones que llevan los tribunales castrenses.
Pese a ser civiles, fueron acusados de delitos que están establecidos en el Código de Justicia Militar como traición a la patria, rebelión militar, agavillamiento, ultraje al centinela, sustracción de efectos y de equipos de la Fuerza Armada, y violación del perímetro de seguridad.
El 11 de agosto, Saab indicó que el Ministerio Público “revisaría” al menos 72 casos de civiles procesados por la justicia militar que corresponden a la jurisdicción penal ordinaria. Sin embargo, hasta la fecha no ha habido una posición oficial respecto a esas causas y los abogados que forman parte de la defensa de algunos de los detenidos afirman que no ha habido declinaciones consecuentes de la actuación del gobierno.
Solo en casos concretos ha habido declinaciones, las cuales han sido durante las audiencias preliminares luego de someter a prisión a los acusados. Como ocurrió el miércoles con ocho personas, entre ellas la activista por los derechos humanos, Lisbeth Añez, que luego de cuatro audiencias diferidas compareció ante el juez del Tribunal Militar 4º de Control del estado Vargas, en el que le dictaron libertad condicional con medidas cautelares que fueron fijadas por un juzgado ordinario.
“Están declinando las competencias, pero mantienen el proceso. Eso es algo completamente irregular, porque si se declina la competencia quiere decir que nunca el tribunal fue competente al caso. No se justifica, entonces, que siga el juicio. Lo que se debe es anular todo y remitir las actas al Ministerio Público ordinario y no al militar”, manifestó Himiob.
Según los abogados, las declinaciones no responden al acuerdo de la ANC sino a que, en la mayoría de los casos, no existen elementos suficientes para que los acusados sean imputados o las personas han sido víctimas de la violencia por parte de funcionarios de seguridad del Estado.
“Están mas politizados los tribunales civiles que los de jurisdicción militar”, manifestó Andrés Colmenares, director de Funpaz. Aseguró que, pese a que es una irregularidad que los ciudadanos sean procesados por un juez militar, en varios casos los jueces han actuado de manera “más ecuánime”.
Con información de: El Nacional
Fecha: 08 de septiembre de 2017