Según la Organización Mundial de la Agricultura y la Alimentación (FAO), para que haya seguridad alimentaria en un país, todos sus habitantes permanentemente deben tener acceso físico, social y económico a alimentos suficientes y nutritivos que satisfagan sus necesidades energéticas diarias y preferencias en cuanto a comida para llevar una vida activa y sana.

Por otro lado, en el artículo 305 de nuestra Constitución se lee que “el Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral, a fin de garantizar la seguridad alimentaria de la población, entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a éstos por parte del público consumidor…”.

Pese a estas afirmaciones y parámetros, es evidente que en nuestra Venezuela no existe seguridad alimentaria, aunque el Estado está obligado constitucionalmente a proporcionarla.

Por culpa de un gobierno corrupto e irresponsable que destruyó el aparato productivo nacional y despilfarró la bonanza petrolera, nuestro país enfrenta actualmente una “epidemia de hambre”, ya que por lo menos 22 millones de venezolanos comen solo dos veces al día, y dentro de ese grupo de personas cerca de 5 millones solo puede cubrir una comida diaria, lo que habla claramente de la situación de emergencia que enfrentamos en materia alimentaria.

Por poner un ejemplo de la destrucción del aparato productivo del país, citamos que entre 2008 y 2014, cayó la producción per cápita de cereales (arroz y maíz). Ambos son materia prima para elaborar alimentos importantes en el aporte de energía alimentaria, como la harina precocida de maíz y el arroz pulido de mesa, y también hubo una importante caída de la producción de caña de azúcar.

Es inaceptable que tengamos esta carencia, más cuando Venezuela llegó a ser autosuficiente en los rubros de arroz y maíz blanco. Ahora somos un importador de ambos cereales. Nuestra capacidad productiva se evaporó con las expropiaciones de tierras productivas y con el cierre del por lo menos el 50% del parque industrial.

En consecuencia, la seguridad alimentaria de los venezolanos se ha deteriorado a medida que ha disminuido la captación de la renta petrolera. Estamos en presencia de una paradoja, dado que aunque el país acaba de tener la más prolongada bonanza petrolera de toda su historia (mil millones de millones de dólares), cerca del 80% de los venezolanos no puede acceder de manera segura y permanente a una ingesta suficiente de alimentos para llevar una vida activa y saludable. Estamos en emergencia alimentaria.

Esa es la realidad que vivimos los venezolanos y por eso es que estamos luchando por el Revocatorio, porque estamos gobernados por una cúpula corrupta que es la causante de las colas, la inflación, la escasez, el desabastecimiento y la inseguridad.

Lo que Maduro vivió en Villa Rosa, en nuestro amado estado Nueva Esparta, fue un contacto con la realidad. El pueblo expresó con el sonar de las cacerolas el hambre que padece, además del profundo repudio, el rechazo que siente hacia quien momentáneamente ocupa la silla de Miraflores.

La respuesta ante el derecho genuino del pueblo a expresar su deseo de cambio, ha sido un gobierno represor que se empeña en criminalizar la protesta pacífica. La represión es, sin duda, opuesta a la libertad y la tolerancia. Ambos implican la pretensión de impedir un comportamiento, o de castigarlo una vez producido.

Las últimas acciones del gobierno lo alejan cada vez más de la senda democrática. El seguir utilizando al TSJ como pared para impedir la agenda legislativa de la Asamblea Nacional potencia la crisis que estamos viviendo. Perseguir a los venezolanos por la manera de pensar y utilizar a los cuerpos de seguridad para reprimir la protesta, son sin duda el caldo de cultivo para un escenario violento, que nosotros rechazamos porque estamos conscientes de sus implicaciones, y un estallido social barrería con todo.

El gobierno sigue alimentando al monstruo de la violencia y se va a arrepentir. Es inaceptable que en horas de la noche de este miércoles 7 de septiembre, en el Aeropuerto Internacional Santiago Mariño del estado Nueva Esparta, bandas armadas nos sitiaran, juntos a otros pasajeros, incluyendo niños y ancianos. Actuaron con el propósito de amedrentar e impedir nuestra visita religiosa a la Isla de Margarita, que llevo 13 años haciendo a nuestra Reina Madre la Virgen del Valle. El gobierno lo sabe muy bien, no era una visita para un acto político, actividad a la que tendríamos todo el derecho de ir, pero no, se trataba de una visita religiosa y mientras Dios nos lo permita, ni Maduro ni nadie nos impedirá cumplir con nuestra promesa.

¿Cómo el gobierno ordena y promueve que bandas armadas estén dentro de la zona de seguridad aeroportuaria, lugar donde hay niños y personas que lo único que tienen es su equipaje? ¿En qué aeropuerto del mundo pasa algo así?

Estuvimos sitiados durante 4 horas. Llegamos a las 8 de la noche a Margarita y salimos pasadas las 12 de la madrugada del aeropuerto. No hubo ni una sola autoridad, vino un jefe de la Guardia Nacional, solo para chequear cómo se estaba desarrollando la guarimba dentro del aeropuerto con encapuchados armados.

Reiteramos nuestro llamado a los señores embajadores de los gobiernos que vendrán a la Cumbre de Países No Alineados (NOAL) a efectuarse del 13 al 17 de septiembre en la Isla de Margarita. Con el debido respeto a ustedes les pedimos evaluar la situación y el momento que vive nuestro pueblo y no hacerse partícipes del show que pretende montar el Gobierno nacional para tratar de lavarse la cara frente al mundo, ante la crisis humanitaria que se vive en el país.

En Venezuela, el pueblo está pasando hambre y la situación de los hospitales es deplorable, pero resulta que están trayendo contendedores de comida no para el pueblo de Margarita, sino para la cumbre. Están montando un show que es una burla para los venezolanos.

Condenamos hechos como estos, pero nos dan más fuerza para continuar la lucha hacia el Revocatorio. Esta semana se llevaron a cabo movilizaciones a las sedes de los CNE en los 23 estados del país para exigir fecha para el 20% y las condiciones para la recolección de las manifestaciones de voluntad, para que así, de una vez por todas, tengamos Referendo Revocatorio.

Es una muestra del miedo que le tienen al pueblo el hecho de que cada vez que convocamos una movilización, el gobierno también convoca una actividad similar, y por supuesto las imágenes hablan por sí solas, en sus actividades se evidencia el vacío de un gobierno que se quedó solo, un gobierno que ha defraudado a los venezolanos que en algún momento creyeron en ese proyecto.

Nuestras movilizaciones son pacíficas y en defensa a la Constitución y su artículo 72. Las del gobierno en cambio son para provocar o confrontar. Siempre en sus movilizaciones hay más policías y militares que militantes del Psuv. Está demostrado que el gobierno tiene terror a que el pueblo se movilice exigiendo garantía a sus derechos.

La próxima acción prevista en este camino hacia el cambio, que ha estado lleno de obstáculos, pero que hemos ido sorteando y avanzando, será el miércoles 14 de septiembre. Ese día habrá una jornada de  protesta nacional. Lo que debe entender Maduro y su cúpula es que hasta que no haya anuncios formales y aceptables, el pueblo seguirá movilizándose en defensa de la Constitución.

No pedimos al CNE algo que no puedan anunciar. ¿Por qué permitir que pasen los días?, ¿por qué la demora?, ¿acaso las rectoras no ven las colas en el país para comprar comida, medicinas y artículos de primera necesidad? Primero la señora Lucena dijo que el 13 de septiembre se anunciaría el cronograma. Después otra rectora dijo que será entre el 14 y 16. ¡Si van a seguir mintiendo al menos pónganse de acuerdo!

Es momento de seguir firmes en nuestra lucha. Cada obstáculo que sorteemos es un paso más cumplido hacia el cambio electoral, democrático, pacífico y constitucional que todos queremos. ¡Qué Dios bendiga a nuestra Venezuela!

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