Ayer en la tarde ni los médicos del Hospital J. M. de los Ríos ni el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales habían recibido la notificación formal sobre la medida de protección que ejerció el Ministerio Público para los niños que se tratan en la Unidad de Hemodiálisis del Servicio de Nefrología, que exige que los pacientes sean trasladados a otras salas de tratamiento renal de manera temporal.
La investigación que comenzó la Fiscalía hace dos semanas se hace luego de que de que cuatro niños que se dializaban en el lugar murieron por gérmenes, presuntamente adquiridos en la sala de hemodiálisis.
El Ministerio de Salud es el que debe tomar las medidas de traslado de estos niños a otras salas de diálisis para dar cumplimiento a la protección que ejerce la Fiscalía, pese a que el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales dota a la sala de los insumos. Sin embargo, esta es la única sala pediátrica que funciona para que los niños desintoxiquen la sangre tres veces por semana ya que sus riñones no funcionan.
La logística para cumplir la medida no es tarea fácil. En el Hospital de Niños solo hay siete nefrólogos pediátricos y tres residentes, que serían los capacitados para atender a los pequeños en el tratamiento por si se descompensan, pero que además atienden a otros niños hospitalizados y pasan consulta. Solo el Hospital Militar Carlos Arvelo cuenta con otros tres especialistas en el área. Los hospitales Pérez Carreño, Vargas y Pediátrico Elías Toro no tienen nefrólogos pediátricos debido a la diáspora que va minando de personal al país.
Respuestas tardías. Desde mayo de 2015 el Centro Comunitario de Aprendizaje está pidiendo una acción de protección para los niños del Hospital J. M. de los Ríos. Aunque la solicitud se admitió, nunca se acordaron las inspecciones al centro de salud y la medida quedó en un laberinto judicial. Luego de dos años y dos meses el Ministerio Público fija posición y ejerce una acción de protección en contra del Ministerio de Salud y el centro de salud público para “garantizar los derechos a la vida y a la salud de los niños, niñas y adolescentes que reciben tratamiento sustitutivo renal en la Unidad de Hemodiálisis del Servicio de Nefrología”.
Katherine Martínez, directora de la organización no gubernamental Prepara Familia, que funciona en el centro de salud, recuerda que estas medidas de protección se han solicitado y no han sido ejecutadas.
“Es importante que el Ministerio Público emita esta acción de protección para que el despacho de Salud suministre antibióticos y tratamientos. Esto que sucede sería un escándalo en cualquier sociedad civilizada. La situación nos causó asombro porque es la única unidad de hemodiálisis para niños y no se puede cerrar mientras no haya salida. Hasta que las condiciones no estén dadas los niños que quedan allí están condenados a muerte. No hay otra hemodiálisis y no hay trasplantes”, indica Martínez.
La Fiscalía solicitó, además, que el Ministerio de Salud garantice la dotación del tratamiento médico y farmacológico correspondiente, el mantenimiento de los equipos e infraestructura en los centros públicos de salud con atención pediátrica.
Protección tardía
Cuatro acciones legales para proteger a la población y niños frente a la crisis humanitaria se negaron en 2016. El 11 de junio del año pasado la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia negó la revisión del fallo que rechazó otorgar medida preventiva a los niños ante la escasez de medicinas que introdujo Cecodap, el 13 de junio de 2016. La ONG recurrió a la última instancia, que es el TSJ, e introdujo un recurso de control de legalidad y revisión de la sentencia que fue negada en mayo. El 16 de diciembre, luego de seis meses de presentada la medida, el tribunal dictó sentencia por “falta de pruebas”.
El 26 de junio se introdujo un cuarto recurso para proteger a los niños ante la Sala Constitucional y pedir una revisión del dictamen de la Sala de Casación Social del 16 de diciembre.
La medida de protección debe ser ejecutada por el Tribunal 9° de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Caracas.
Fuente: El Nacional
Fecha: 15 de julio de 2017