Entre enero y febrero de 2003, el Gobierno instauró controles de cambio y de precios. Las regulaciones desplomaron la producción, por lo cual los venezolanos, hoy, 15 años después, padecen las más graves faltas en el abastecimiento de artículos básicos e la mayor hiperinflación antes vista.
Lo que sería una medida temporal se volvió permanente. Los controles pasaron a un ser un instrumento político y se convirtieron en la base para cercar al sector privado. Acción que luego fue acompañada por las nacionalizaciones de industrias y la creación de empresas de producción social, avanzando hacia el modelo socialista.
De manera que en 15 años, las regulaciones, junto con la injerencia estatal en todas las áreas, han hecho que los ciudadanos hoy en día tengan que “cazar” artículos por la ausencia en los comercios y que su ingreso no rinda por la inflación de cuatro dígitos.
El régimen cambiario y la fijación de precios pusieron en la mesa más restricciones que alimentos
El plato venezolano tiene más espacios en blanco que porciones servidas. El régimen cambiario anunciado en 2003 puso en la mesa más restricciones para digerir que alimentos para consumir. Los ciudadanos padecen el hambre que se sembró desde hace 15 años. Y es que ni el patrón de consumo ni los hábitos alimenticios son los mismos.
El sector alimentos era el prioritario en la asignación de dólares oficiales, pero desde 2013 esa actividad recibe menos billetes verdes. Las industrias no han contado con dólares suficientes para adquirir materia prima y tienen altas deudas con sus proveedores. Por esos recortes, y la fijación de precios, la producción ha bajado y en diciembre de 2017 terminó con un retroceso de 15,7 %, de acuerdo con datos de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cadivea).
Mientras la oferta privada de alimentos se ha reducido, la oferta estatal no ha sido capaz de soportar la demanda. El Estado tiene un tejido de empresas de alimentos que, hasta los últimos datos disponibles, trabajaba entre 20 % y 30 % de su capacidad, porque también tienen dificultades para operar.
Las regulaciones acabaron con las medicinas
Por el recorte de divisas y la fijación de precios existe una escasez de más de 80 % de medicinas en el país. Algo tan sencillo como un antibiótico, un medicamento que ayuda a destruir o inhibir el crecimiento de bacterias patógenas y que todos en algún momento de nuestras vidas hemos usado, no se consigue. Hay que hacer un peregrinaje en la ciudad, en el interior del país o cruzar la frontera para por lo menos tener un tratamiento de ocho días, eso sí, pagando una cantidad que ni siquiera reúne un trabajador juntando las utilidades y el pago de sus vacaciones.
En Venezuela, según la coalición de organizaciones que defienden el derecho a la salud, Codevida, hay más de 30.000 pacientes crónicos cuyas vidas penden de un hilo por una misma causa: no hay medicinas.
Con el sector salud, el Estado tiene una deuda en dólares que supera los 5 millardos. En el caso de la industria farmaceútica, las obligaciones suman 746 millones de dólares y apenas el pasado año recibieron 6,4 millones de dólares, cuando en 2016 les asignaron 76 millones de dólares; en 2015, 142 millones de dólares; y en 2014 unos 575 millones de dólares.
La falta de dólares y la ausencia de inversiones colapsaron el transporte público
La crisis en el sector arranca en 2011 y con el tiempo se ha profundizado. Las trabas para la obtención de dólares oficiales y de permisos para importar han frenado el desarrollo de la industria, que abarca a las unidades que se usan en el transporte público. El control de cambio llevó al recorte en el acceso a las divisas y al receso en la inversión en el sector, lo que terminó de poner en puertas aquello que el gremio tanto previno: el colapso del transporte público.
A 15 años del control de cambio, los transportistas sufren un paro técnico y han tenido que eliminar rutas esenciales, por ejemplo, hacia los sectores populares. Los venezolanos pasan las de Caín para trasladarse. En algunas zonas usan camiones, que llaman “perreras”, las cuales incluso han sido promovidas por autoridades locales.
Control cambiario dio luz a la corrupción en el sistema eléctrico
Desde que se estableció el control cambiario este solo sirvió para incentivar la corrupción y el despilfarro de divisas en el sector eléctrico, principalmente al centralizarse y concentrarse bajo el control del Estado.
En 15 años el sector eléctrico ha enfrentado una serie de problemas que van desde las congelaciones de las tarifas —que impidieron a las eléctricas garantizarse más recursos para inversiones— y siguieron con las nacionalizaciones, lo que generó opacidad en las gestiones e irregularidades que profundizaron una crisis que sigue sin superarse.
Transparencia Venezuela, tras los presupuestos presentados por Corpoelec en 2016 (273,8 millardos de bolívares) y 2017 (595,2 millardos de bolívares) ante la Oficina Nacional de Presupuesto, estima pérdidas de 149,3 millardos de bolívares en 2016. Mientras que en 2017 estimó 201,6 millardos de bolívares en pérdidas.
Especial de Crónica Uno
La crisis generada por 15 años de controles