Si bien es cierto que en todas las sociedades hay desacuerdos por la diferencia de intereses y opiniones entre los distintos sectores de la población, dichas discrepancias solo se resuelven de manera pacífica en un sistema democrático.
El argumento más fuerte a favor de la democracia es lo que ella representa para sus ciudadanos, porque se supone que a través de la democracia se garantizan derechos, libertades, igualdad y justicia.
Pero hace rato que nuestra bien ganada democracia sangra y todos estamos llamados a colocar el torniquete para parar la hemorragia, y eso se hace con más democracia y con elecciones.
Entonces, un principio básico de los procedimientos democráticos es que cada ciudadano tenga derecho a un voto y que ningún sufragio valga más que otro. Al momento de emitir los sufragios desaparecen todas las diferencias y cada votante tiene exactamente el mismo peso en los comicios. Ese derecho a elegir está secuestrado en Venezuela hace rato. Las elecciones libres y justas que son garantía de la democracia, siguen sin calendario.
Y es que la igualdad jurídica y política es un valor fundamental de la democracia. Esto no significa que se cancelen todas las diferencias o incluso desigualdades, sino que ninguna de esas diferencias o desigualdades pueda legitimar el dominio de unos ciudadanos sobre otros y, por ende, el privilegio político de los primeros sobre los segundos.
Sin embargo, la igualdad política no sólo se mide en elecciones, también implica que todo ciudadano goce de los mismos derechos y de las mismas obligaciones y, por consecuencia, que no existan grupos, clases o capas sociales privilegiadas con derechos políticos especiales, como pasa actualmente en Venezuela.
En otras palabras, las normas jurídicas democráticas tienen que ser universales al disponer los derechos y las obligaciones de todos los ciudadanos, y nadie pueda pretender colocarse por encima de la legalidad.
Hace rato que esta igualdad política no la tenemos en Venezuela y depende de nosotros retomarla. Bien como lo señala la extensión del informe presentado por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, nuestro pueblo se enfrenta a un gobierno que ha incumplido todas sus responsabilidades.
La escena política de un país determina en gran medida la calidad de la vida de sus ciudadanos y en Venezuela hace rato vivimos sumidos en una espiral de carencias, en la que prácticamente ningún derecho está garantizado.
La profundización del deterioro de la calidad de vida de los venezolanos que se manifiesta cotidianamente en la escasez extrema de alimentos y medicinas, así como en la inflación más alta del mundo, son los signos distintivos de la violación de derechos humanos fundamentales.
La inflación llegó a su nivel histórico más alto desde 1950, año en el cual el Banco Central de Venezuela comenzó a registrar dicho índice en el país, pero en la actualidad el gobierno oculta las cifras haciéndose el miope ante la realidad que cotidianamente se percibe en la calle, una fotografía de hambre, de venezolanos hurgando en la basura para poder echarle algo al estómago.
Lo cierto es que la gestión del ocupante temporal de la silla de Miraflores impuso un nuevo récord al superar los índices más altos de inflación que hasta ahora se habían registrado y que correspondían a los años 1989 (81%), 1994 (70,8%), y 1996 (103,2%), al cerrar el año 2016 con una inflación de 720%.
Actualmente, la escasez de medicamentos está entre 80 y 90%, aunado a la negativa del gobierno de aceptar ayuda internacional para responder a la crisis humanitaria. Más aún, la deficiente situación de los servicios de salud pública dio lugar al regreso de enfermedades prevenibles y tratables como la malaria y la tuberculosis.
El gobierno de Nicolás Maduro se ha convertido en una fábrica de pobreza y exclusión social. Para los enchufados la Constitución ha dejado de tener sentido ya que es contraria a sus intereses, por lo que la solicitud de Almagro de suspender al Gobierno de Maduro de la OEA, si no se realizan elecciones generales completas a la mayor brevedad, se libera a los presos políticos y se sustituye a las autoridades corrompidas del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia por otras cuyo nombramiento esté apegado a la Constitución, está completamente justificada.
Es lamentable que habiendo sido nuestra Venezuela ejemplo de democracia en la región, hoy haya suficientes razones para la activación de la Carta Democrática, y las instancias internacionales deben alzar su voz.
El retorno a la democracia en Venezuela no debe tener ambigüedades. Para la recuperación de ese orden constitucional hace falta que haya elecciones, y si bien es cierto que no hay democracia sin voto, también es cierto que los partidos son necesarios para que haya democracia.
Y aunque sabemos que la validación de los partidos es otro obstáculo que los venezolanos debemos vencer, tenemos que agradecer la respuesta contundente que el pueblo ha venido dando a los partidos políticos que conforman la Unidad, como también han estado realizando este fin de semana dando su respaldo al grupo político al cual pertenezco.
Sin duda, lo ocurrido durante las jornadas de validación es una nueva lección para el gobierno. El pueblo quiere votar, por lo que debemos prepararnos porque después de esta muestra de respaldo popular, la Unidad está llamada a dar a conocer en cada caserío, pueblo y estado de Venezuela, el proyecto de país que tenemos para todos los venezolanos, y que obviamente incluye la restitución de todas esas garantías constitucionales que la mal llamada revolución nos quitó durante mucho tiempo.
¡Qué Dios bendiga a nuestra Venezuela!